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Persiste el escándalo de los EREs en Andalucía


Isabel Lallemand – Madrid 07/03/2014

La presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía continúa siendo investigada por el juzgado de instrucción nº6 de Sevilla. El miércoles, la juez Mercedes Alaya, decidió indagar a cerca de lo que la Comisión y el Parlamento pudieron conocer sobre las irregularidades en las subvenciones laborables que se estaban produciendo.

Desde 2001, la Junta de Andalucía emprendió un procedimiento que financiaba a las empresas con problemas económicos y que se veían obligadas a llevar a cabo un ERE. Hasta el 2011, dichas ayudas ascendieron a 721 millones de euros, y se pretendía alcanzar la cifra de 1.217 millones.

Durante diez años, se ha debatido acerca de la legalidad de dicho procedimiento: la Junta y el PSOE de Andalucía afirmaban que si lo era, mientras que la oposición y el PP, denunciaban que el fondo y la utilización de todo el dinero que disponía la Junta era irregular.

En 2009, los dueños del grupo de restaurantes La Raza, denunciaron, a través de grabaciones, que los directivos de Mercasevilla pidieron comisiones ilegales en nombre de la Conserjería de Empleo de la Junta de Andalucía. Descubrieron que en la lista de retirados del mercado laboral, había intrusos que a pesar de no trabajar en la empresa, se beneficiaban de generosas prejubilaciones pagadas con dinero público.

En ese momento, con la contribución de El Mundo de Andalucía, se destapó el caso y se descubrió que la Junta llevaba “diez años pagando prejubilaciones de manera ilegal”, subvencionando a empresas que realmente no presentaban ningún ERE, y concediendo comisiones a intermediarios entre la Junta y los trabajadores, como aseguradoras, consultoras y bufetes de abogados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, decidió pues investigar el ERE no solo de Mercasevilla, sino también el de otras empresas financiadas con fondos públicos.

Qué pudo conocer el Parlamento

La investigadora del caso ha solicitado al Parlamento de Andalucía una serie de documentos sobre lo que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz pudo conocer “sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General”.

Alaya ha pedido los diarios de sesiones donde se debatió el presupuesto anual y donde se aprobaron dichos presupuestos entre 2001 y 2010. De ese modo, la Juez, traslada los diferentes escritos a los peritos “con el objetivo de que informen” sobre “que pudo hacer” dicha Comisión “para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales”. Asimismo, la Juez ha solicitado una garantía de que la Consejería de Hacienda haya enviado al Parlamento “los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L con la periodicidad trimestral que exigen las Leyes de Presupuestos”.

Además, ha exigido a la Junta que aporte todos los documentos solicitados “a la mayor brevedad posible y en un plazo no superior a cinco días”.

Ruiz-Mateos rechaza declarar

El empresario español y principal accionista de Rumasa fue imputado por organizar la incorporación de los intrusos en las listas de prejubilación, además de pagar medio millón de euros a Juan Lanzas, exsindicalista de UGT que logró llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo (ERE).

José María Ruiz Mateos declaró a través de un escrito que no iba a acudir a la cita con Alaya: “que no me esperen en Sevilla que llevo esperando 30 años a ver un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca”, dijo Ruiz-Mateos. “Así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente, haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando a que me detengan”, añadió. No obstante, en enero de este año, fueron los hijos del empresario quienes señalaron que este si ordenó incluir a dos intrusos de otra empresas, Autos Marbesol y Viajes Marbesol, en el ERE realizado en el Hotel Cervantes de Torremolinos.

El objetivo de tomar declaraciones, ordenar embargos o detener saldos bancarios, como ha ocurrido con la exsuegra del otro implicado en el caso, Javier Guerrero, es cubrir las fianzas de responsabilidad civil impuestas tanto a los intrusos como a los organizadores de dichas intrusiones en los EREs.

Por el momento, la Fiscalía de Anticorrupción ha recurrido la solicitud de la Juez ya que “no es ajustada a Derecho”: ha argumentado que el Ministerio de Hacienda “no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos”.

Por consiguiente, a pesar de que la Fiscalía entienda las peticiones de Alaya, que intentan mostrar lo que la Comisión y del Parlamento andaluz conocían sobre el uso de las transferencias de financiación, estas se deberán limitar meramente a pedir los diarios de sesiones de la Comisión, rechazando la identificación de los del Parlamento, por petición de la Fiscalía.

Fuente de la imagen: http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2014/03/05/andalucia/1394030227_430265_1394030340_noticia_normal.jpg



Estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Junto a un compañero creó y colaboró en un proyecto llamado TTnoticias que reunía la explicación de los Trending Topic nacionales diarios.


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