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Una retrospectiva política al 11M


Cristina Martín Franchy – Madrid 14/03/2014

El 11 de marzo de 2004 sucedió el mayor ataque terrorista sufrido en España. Esta semana hemos recordado la tragedia, a las víctimas de la misma y a los implicados. 

Hace diez años tuvo lugar el mayor atentado terrorista de la historia de España. Fallecieron 191 personas y 1.857 resultaron heridas. A las 7.37 de la mañana se produjo la primera explosión en Atocha y tres minutos después estallaron otras nueve bombas en la línea de Cercanías de Madrid. Otro artefacto explosivo fue interceptado en el ave Madrid-Sevilla. Días posteriores, siete terroristas que se encontraban en un piso de Leganés se suicidaron cuando entró la policía y un miembro del GEO murió en la intervención. Dieciocho personas, entre yihadistas y colaboradores, fueron condenadas por el atentado, sumando más de 100.000 años de cárcel. El ataque se cobró, en total, 7.000 años de vida de las personas que murieron en el mismo.

Estas son las cifras que el 11-M dejó tras de sí. Cifras en las que está implícito el dolor de las víctimas. Pero si nos remontamos al momento de los hechos la cosa cambia.

Todos sabemos la historia: en un principio se hizo saber que ETA era responsable del atentado y fue después cuando se comprobó que era un grupo de yihadistas, de los cuales todavía sigue sin determinarse quién era el autor intelectual de los hechos.

El Gobierno de José María Aznar, horas después del atentado, concluyó que era la organización terrorista ETA quién se encontraba detrás de los mismos, debido a unos explosivos que se relacionaban con la banda. El Ministro del Interior en aquel entonces, Ángel Acebes, en una noticia publicada el mismo 11 de Marzo a las 15:08 de la tarde, atribuyó sin lugar a dudas la autoría de los atentados a ETA. “Intentan desviar la atención de los responsables”, mientras el diario Gara negaba en rotundo la responsabilidad de los hechos. Realmente, todo apuntaba a ETA, pues años antes, la misma banda había dicho expresamente que cuando tuviera la necesidad de negociar su supervivencia “el Gobierno tendría 100 víctimas sobre la mesa”.

Horas más tarde, a las 18:05, el director de Europol desmintió que fuera ETA la responsable, alegando: “los hechos no responden al modus operandi adoptado hasta ahora por ETA”. Opinaba que las autoridades españolas habían hecho un buen trabajo con las detenciones de terroristas, pero que seguramente habían descuidado otras células que se podían haber vuelto extremistas.

Fue en ese momento cuando se empezó a sembrar la duda de la autoría de los atentados y a producirse una polarización política y social, incluida una fuerte división entre las víctimas. Al día siguiente de los hechos, los diferentes líderes de la oposición comenzaron a posicionarse pidiendo un gobierno que actuara rápido. José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato de aquél entonces a la presidencia por el PSOE, afirmó que la respuesta política de cara a las elecciones debía ser completamente distinta si se trataba de Al Qaeda o de ETA. Por su parte, José Blanco, secretario de Organización del mismo partido, señaló que había sospechas de que el Gobierno estuviera ocultando información o, por lo menos, retrasándola.

El 14 de marzo se celebraron las controvertidas elecciones generales, entre protestas y desconcierto social. Jose María Aznar mantuvo durante varios días su declaración: ETA era responsable del 11M. Desde este momento, el atentado terrorista se convirtió en una baza electoral para ambos partidos políticos.

El mismo 11 de marzo se encontró una furgoneta con grabaciones que vinculaban a una célula islamista con el atentado. Fue unos días después, antes de las elecciones, cuando se reveló, por parte de la oposición y varios medios de comunicación, que los autores tenían relación con Al Qaeda. José María Aznar abrió la puerta a esta teoría, pero no dejaba de insistir en que ETA estaba de alguna manera vinculada con el atentado. Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero sembró la duda y declaró de forma bastante contundente que el Gobierno estaba intentando ocultar información esencial como parte de una estrategia electoral.

Cada partido buscó sus intereses. Aznar podría haber convocado un Pacto Antiterrorismo. No solo para compartir la responsabilidad con el resto de dirigentes de la oposición, sino para dar una imagen de unidad a la sociedad, que se encontraba totalmente desconcertada. A lo largo de la semana del 11 al 14 de marzo, tuvieron lugar numerosas manifestaciones. En ellas, víctimas y población solidarizada con lo ocurrido reclamaban la claridad del gobierno. Al grito de “¿Quién ha sido?” o “Queremos saber la verdad” se recorrieron puntos estratégicos de la península, sobre todo de la ciudad de Madrid. Y es que los grandes olvidados en aquel momento fueron los ciudadanos, mientras los dos principales partidos de la oposición se dedicaban a planear cómo sacar mayor ventaja de lo ocurrido para llegar a la Presidencia.

Cada vez surgían más noticias de la nada y cada partido daba una versión diferente sobre los culpables. El Presidente del Gobierno colmó en una entrevista como “antidemocráticas” e “ilegales” las manifestaciones por las víctimas y Rubalcaba contraatacó diciendo: “la sociedad se merece un Gobierno que no mienta”. En este clima de crispación,  el 77% de la población acudió a las urnas, después de una jornada de reflexión interrumpida por Aznar y Rubalcaba.

Las consecuencias de la estrategia política de ambos partidos ha durado 10 años. La sociedad y las víctimas se dividieron a favor y en contra de ambos. Quizás podemos marcar un antes y un después en cuanto a la polarización política española poniendo como eje el 11M. En la actualidad, las víctimas han firmado la paz. Toda la sociedad sigue recordando con tristeza este hecho, pero las diferencias políticas se han diluido gracias a la aclaración del atentado. Ya nadie piensa que ETA tuvo algo que ver con este fatídico día. Parece que las heridas se van cerrando poco a poco.

 

Fuente de la imagen: vozpopuli

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