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La imposibilidad de celebrar la consulta del 9-N podría acabar con la unidad del bloque soberanista


Samuel Díaz – Zaragoza 10/10/2014

Con el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional para impedir la consulta del próximo 9 de noviembre en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, está su obligación de cumplir con la legalidad y mantener su estatus como jefe del ejecutivo catalán, por otro, continuar siendo el principal actor en lo referido al derecho a decidir el futuro de los catalanes.

A menos de un mes de que se celebre la consulta, los partidos soberanistas aún no han sido capaces de llegar a un acuerdo para mantenerse unidos y por lo tanto buscar una salida que les permita votar.

En los mentideros políticos se comenta que todos los partidos soberanistas, salvo Convergencia, reconocen desde hace tiempo la inviabilidad de realizar una consulta a corto plazo que garantice la legalidad y un cumplimiento estricto de la Constitución. De hecho, el líder de CIU podría enfrentarse a varios años de prisión e incluso se podría suspender la autonomía de Cataluña como afirmó hace unas semanas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.

De momento, ante la suspensión de la consulta, el desacuerdo entre el bloque soberanista y vistas las últimas manifestación a favor de la independencia, lo más previsible sería un adelanto electoral.

Sin embargo, el Gobierno catalán continúa aseverando que están centrados en celebrar la consulta: “Los esfuerzos de la Generalitat y las fuerzas políticas que apoyan el proceso están totalmente centrados en la consulta del 9 de noviembre”, declaró recientemente el Consejero de Presidencia, Francesc Homs.

El líder de ICV, Joan Herrera, hizo lo posible para desmarcarse de cualquier incumplimiento de la ley: “Si llega el momento de certificar el final de la consulta, habría que hacer un análisis compartido en el marco unitario de las fuerzas que la defendemos”, dijo hace unos días. Insistió que cada vez hay menos posibilidades para llevarla a cabo y desde luego no puede demorarse la situación actual.

ERC, la formación encabezada por Oriol Junqueras, sigue actuando como el mayor abanderado del independentismo y ante los impedimentos de la justicia española responden que los catalanes han de acudir a las urnas el próximo mes a cualquier precio.

Por otra parte, el PSC, liderado por Miquel Iceta, se ha quedado solo ante un posicionamiento que muchos lo califican de confuso, ya qud defiende el derecho a decidir y a la vez una reforma constitucional que permita convertir España en un Estado federal, como proponen desde Madrid los de Pedro Sánchez.

Además, tanto el PPC, de Alicia Sánchez Camacho, como Ciudadanos de Cataluña, de Albert Rivera, son quienes están encabezando la defensa a ultranza de la unidad del Estado.

El Gobierno intenta capear el temporal como puede, con un ministro de Justicia recién llegado que ha de afrontar un asunto de enorme envergadura como lo es la cuestión soberanista de Cataluña y quizá una reforma constitucional a corto o medio plazo que sea capaz de mantener el consenso alcanzado por buena parte de los ciudadanos españoles en 1978. Se avecina una etapa repleta de vicisitudes, con un clima político-social caldeado y con una calle cada vez más suspicaz ante las promesas de sus representantes políticos, más si cabe después de los escándalos destapados durante los últimos meses en torno a la familia Pujol-Ferrusola.

Fuente de la imagen: lasprovincias.es

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