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Nombres desaparecidos y desaparecidos sin nombre


Ainara Guerra Fernández – Madrid 17/10/2014

De los 28 cadáveres encontrados en las trece fosas examinadas en México, ninguno se corresponde con alguno de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Se les perdió la pista al ser detenidos por la policía local de Iguala.

6 muertos, 25 heridos y 43 detenidos. Este fue el resultado de un altercado ocurrido el 26 de septiembre cuando la policía de Iguala, México, abrió fuego contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que habían tomado prestado previamente tres autobuses, acción habitual en esta región. Los detenidos nunca llegaron a comisaria y a día de hoy se desconoce su paradero. A la salida de la ciudad les esperaban agentes policiales, contra los cuales se habían enfrentado esa misma tarde, llegando a gritos y algún enfrentamiento físico. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, avanzado por El Universal, señala cómo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ordenó que los estudiantes no se fueran de la ciudad sin un “escarmiento”. Las aberraciones policiales esa noche fueron desde la tortura, desollando vivo a un estudiante y vaciándole las cuencas de los ojos, hasta la muerte.

Durante la cláusula de la centésimo quinta Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto prometió resultados en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes, reiterando que el objetivo de su gobierno es el “esclarecimiento de los hechos y encontrar los estudiantes”. Las investigaciones ya aportan datos: el Fiscal mexicano Jesús Murillo confirmaba que los 28 cuerpos encontrados en las fosas cercanas a Iguala no pertenecen a los desaparecidos ya que el ADN de los cadáveres no se corresponde al de los familiares de los estudiantes. Esto abre las puertas a la esperanza de que estén vivos, aunque todavía cabe la opción de que los cuerpos de los estudiantes se encuentren en las fosas que faltan por inspeccionar, en las que se sabe que hay restos humanos, según admite Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Esta variante casa con la declaración de dos sicarios que admiten haber asesinado a 17 estudiantes, los cuales fueron previamente entregados por la policía municipal de Iguala.

Buscan culpables

Ya hay medio centenar de detenidos por lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre. Entre ellos, 14 policías municipales que han admitido haber participado en el secuestro y entrega de los estudiantes a los Guerreros Unidos, grupo criminal acusado del secuestro y cuyo supuesto líder, Benjamín Mondragón, ha sido abatido por la policía federal. Algunas fuentes como Efe o El Universal aseguran que el cabecilla se suicidó antes de ser arrestado para ser acusado de las desapariciones. Además, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, estado en el que se encuentra Iguala, culpabiliza de lo ocurrido al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ya que dio la orden de abrir fuego contra los normalistas. Mientras los estudiantes estaban siendo disparados, él y su esposa bailaban rancheras en una fiesta hasta que dos días más tarde, ambos se esfumaron sin dejar rastro alguno.

Fuego en México

En Iguala todavía permanece sangre de la matanza. En Ayotzinapa, caen lágrimas de los familiares y compañeros de los 43 desaparecidos. En Chilpancingo, capital del Estado, las llamas devoran el Palacio de Gobierno. 600 manifestantes comenzaron a mediodía del miércoles 15 de octubre un bloqueo del complejo del Palacio del Gobierno, en donde la mayoría de oficinas de los siete edificios que lo integran sufrieron destrozos. Irónicamente, el edificio conocido como Tierra Caliente ardía en llamas, tras haber desalojado a todo el personal, a la vista de los antidisturbios, que se encontraban a un kilómetro sin actuar en ningún momento. Después de tres semanas de la desaparición, los manifestantes amenazan con no marcharse hasta que no aparezcan vivos sus compañeros y las revueltas ya se extienden a otras zonas como la UNAM y la UAM, o incluso las oficinas de la alcaldía de Chilpancingo.

Sin ningún hecho por esclarecer, hay tres opciones. Una de ellas es que los estudiantes siguen secuestrados, convirtiéndose en el secuestro masivo de mayor duración en México. La segunda, que los estudiantes aparezcan en las fosas que quedan por analizar, asesinados a manos de sicarios o de propios policías, lo cual no extrañaría en un país sin ley, y en un estado como Guerrero, donde la tasa de homicidios es tres veces mayor que la media de México y 20 veces mayor que la española. Por último, que nunca aparezcan, sumándose a los 13.000 desaparecidos con los que cuenta México.

Fuente de la imagen: Reuters 




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