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Operación Púnica: la corrupción institucionalizada


Granados y Aguirre

Sergio Rupérez – Zaragoza – 31/10/14

La llamada Operación Púnica se salda con un total de 51 detenidos y un fraude municipal y autonómico que asciende a 250 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, envía a prisión al alcalde de Parla y al presidente de la Diputación de León junto a otros tres imputados.

La Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción, han liderado una operación contra una trama corrupta que actuaba en diversos ayuntamientos y autonomías a lo largo de España. Las localidades de Madrid, León, Murcia y Valencia son las más afectadas.

Según los datos de Anticorrupción, son 51 los detenidos en la operación antifraude, pertenecientes al PP, PSOE, IU y a los independientes de la UDM. De la investigación se extrae que la trama tenía por objetivo el lucro personal de sus integrantes pero no la financiación de sus respectivos partidos.

El juez Eloy Velasco ha enviado por el momento a prisión bajo fianza a cuatro imputados, entre los que se encuentra el alcalde de Parla, y a prisión incondicional al también imputado presidente de la Diputación de León.

Funcionamiento de la trama

Las pesquisas sostienen que la trama investigada estaba basada en la adjudicación a dedo de obras y diversos servicios, modificando los pliegos de los contratos acordados y beneficiando así a los receptores de las comisiones. Los empresarios que recibían los contratos favorecidos pagaban comisiones a los alcaldes para cerrar el trato y éstas eran a su vez blanqueadas a través de diversos intermediarios.

Los 11 delitos que se les atribuyen a los integrantes de la red mafiosa son blanqueo de capitales, falsificación de documentos, cohecho, delitos fiscales, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, fraudes contra la Administración, negociaciones prohibidas con funcionarios, revelación de secretos y organización criminal.

Principales implicados

Entre los 51 detenidos se encuentran el presidente de la Diputación de León, el popular Marco Martínez –que sucedió a Isabel Carrasco, asesinada en mayo-, Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, David Marjaliza, empresario asociado al Ayuntamiento de la localidad de Valdemoro y el socialista José María Fraile, alcalde de Parla. En la lista de implicados se encuentra además un miembro de la Guardia Civil que, según fuentes del caso, habría avisado a Granados de que le estaban investigando.

De todos ellos, Francisco Granados es el que más polvareda ha levantado ya que además de ser el cabecilla de la trama junto a Marjaliza, siempre ha sido una persona muy cercana a la líder del PP madrileño Esperanza Aguirre. El que fuera un peso pesado del partido en Madrid cobró supuestamente sobornos en metálico, además de recibir todo tipo de propiedades, viajes, coches y hasta cacerías de lujo, según apunta la investigación.

Además, la Fiscalía Anticorrupción mantenía abiertas desde hace casi un año diligencias de investigación contra Granados por tener ocultos alrededor de 1,5 millones de euros, relacionados con sus ganancias en Bolsa, en una cuenta en Suiza. Tras destaparse el escándalo, se ha descubierto que el ex número 2 del PP de Madrid contaba además con una segunda cuenta en el país helvético, que compartía con su socio y amigo de la infancia, el citado empresario David Marjaliza, y que supuestamente contenía el producto de las comisiones.

Reacciones al escándalo

Las reacciones al escándalo no se hicieron esperar. En el PP confiaron la responsabilidad de declarar a Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios y Programas del partido, quien salió a ofrecer una rueda de prensa. “Los implicados van a ser suspendidos de militancia y se les va exigir la renuncia a sus cargos públicos”, aseguró.

Por otro lado, en el PSOE fue Cesar Luena, secretario de organización del PSOE, el que salió a dar la cara. “Si se confirma la detención del alcalde de Parla, inmediatamente lo suspenderemos de militancia. Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez”, aseguró el socialista. Además añadió que “en la lucha contra la corrupción, hay que decir y hacer“.

Mientras, en IU, fue su líder, Cayo Lara, el que se ocupó de hacer las declaraciones. “El PP debería trasladar su sede a la Audiencia Nacional” ironizó ante los periodistas reunidos.

Tras las declaraciones matutinas, Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, reunió a los medios a la tarde para ofrecer declaraciones respecto al escándalo. “Siento una profunda vergüenza. Pido perdón a los madrileños y a los militantes” afirmó la líder madrileña a lo que añadió: “No puedo, ni quiero, eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos de Granados”. Además, la lideresa aprovechó la rueda de prensa para reconocer que ha emplazado a sus compañeros a “luchar de inmediato por ser un partido limpio”.

Una rutina insoportable

La Operación Púnica se suma así a otros tantos casos de corrupción surgidos en España en los últimos años. La trama Gürtel, el caso de los ERE en Andalucía, el caso Pujol y el escándalo de las tarjetas black son ejemplos recientes de que la corrupción y la sensación de impunidad suponen ya un problema crónico en nuestro país.

Por un lado, los ciudadanos observan impotentes la situación sin ver una salida a corto plazo y por otro, los poderes públicos no contribuyen a dar soluciones a una sociedad que está comenzando a desconfiar de las instituciones.

Aquellos que nos representan todavía están a tiempo de buscar soluciones para que la ciudadanía vuelva a recuperar la fe en sus políticos y en el sistema que nos acoge, pero los remedios no han de demorarse en exceso por el bien de todos.

Fuente: vozpopuli.com



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