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La sombra de la querella sobrevuela a Mas


El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al inicio de la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, en la que se ha explicado su intención de presentar una querella por el 9-N Chema Moya | EFE

Sergio Rupérez – Zaragoza – 21/11/14

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordena una querella contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Se le acusa de desobediencia y de hasta tres delitos más.

El pasado miércoles la cúpula de la Fiscalía General del Estado avaló al fiscal general en su decisión de interponer una querella contra el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau.

La Junta de fiscales respaldó casi por unanimidad a Torres-Dulce contradiciendo las posiciones de los nueves fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no ven indicios de delito en la actuación de Mas y las otras dos integrantes de su Gobierno.

Los delitos

En el debate los asistentes se reunieron para decidir si existen argumentos que sostengan los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Torres-Dulce consideró que los actos “adoptados” por el Gobierno de Mas e “impulsados por la iniciativa y actividad personal de los querellados” constituyen un delito de prevaricación administrativa continuada.

Según el Fiscal General, Mas, su vicepresidenta y la consejera de Educación actuaron para “lograr a toda costa la celebración de la consulta”. Entre los actos realizados por la Generalitat, Torres-Dulce alega la contratación de una empresa de envío de cartas a los ciudadanos “exhortándoles” a participar en el 9-N; las resoluciones adoptadas para que abrieran colegios y las sedes de la Generalitat en el extranjero; la decisión de que los Mossos d’Esquadra que acudieran a trabajar el citado día; y la de mantener abierta la web en la que se informaba sobre la consulta.

Reacciones

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, las reacciones en las distintas formaciones políticas no se han hecho esperar. En el PSOE fue Antonio Hernando, portavoz parlamentario, quien salió a declarar diciendo que la querella “alterará la convivencia”. En el PSC, por otro lado, tildan la querella de “despropósito”.

El Partido Popular de Cataluña ha aplaudido la querella. Santi Rodríguez, el portavoz adjunto de los populares en el Parlament, ha advertido de que en el Estado de derecho “los que se saltan las normas acaban pagando”. Los partidos soberanistas han recordado la autoinculpación de Mas en el Parlament mientras que Ciudadanos ha dicho que la querella “llega tarde” y “no sirve para nada”.

El anuncio de la querella ha suscitado además que el propio Mas haya contestado a la Fiscalía tildando la querella de “altamente decepcionante”.

Prevalencia de la ley

La querella contra el president Mas llega en un momento en el que las relaciones entre Cataluña y España continúan tensas. El incumplimiento de los parámetros legales en la realización de la consulta, según ha destacado la Fiscalía, y los delitos cometidos no pueden justificar el posible interés de una parte de la sociedad catalana por elegir qué futuro desea para Cataluña.

El régimen Constitucional debe ser respetado si queremos que prevalezca la concordia entre catalanes y el resto de ciudadanos españoles y si no deseamos crear una inestabilidad innecesaria e impropia de una Democracia madura. Eso sí, el interés que ha despertado la consulta en el conjunto del pueblo catalán ha de escucharse y comprenderse, si queremos encontrar soluciones que satisfagan a la sociedad en su conjunto.

La reforma constitucional se erige ya como una posible salida al callejón sin salida en el que se ha envuelto España. Nuestros líderes políticos, tanto del ámbito catalán como del resto del país, deberán dar ejemplo si de verdad quieren hacer frente a una situación que necesita de consenso, de reflexión y de una altura política considerable.

Fuente de la imagen: Agencia EFE



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