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El año en que la corrupción repugnó a España


Jaime Llinares Taboada – Madrid 02/01/2015

Mientras millones de españoles sufren los efectos de la crisis económica, la justicia ha abierto una herida por la que está saliendo toda la putrefacción albergada durante los años de bonanza económica. Ni la Casa Real se ha salvado de las operaciones contra las macrotramas de corrupción, y el saqueo a lo público ya se ha convertido en el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos.

Los ERE en Andalucía, las tarjetas Black, la Operación Púnica, Urdangarín… Las formas, protagonistas y lugares son variados, pero el fin es el mismo: robar lo que es de todos para el enriquecimiento personal. El 2014 ha sido el año en el que se nos ha contado con todo lujo de detalles como miles de delincuentes han saqueado las arcas públicas mediante todo tipo de prácticas.

Año 2014, séptimo desde que explotó la burbuja inmobiliaria y empezó una crisis económica que nos deja con cuatro millones y medio de parados y un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza. Dos legislaturas después, ninguna decisión de los gobiernos que ha habido desde entonces ha servido para mitigar la situación. Pese a lo que se pudiera pensar, la incompetencia, defecto ya de por sí grave para la clase política, no iba a ser el que más indignase a los ciudadanos.

Durante los dos últimos años, la justicia ha ido alcanzando el final de los casos más importantes relacionados con la corrupción. Pese a tener que luchar contra los bufetes de abogados más caros del país, pese a los intereses que rodean a los imputados, pese a tener que solicitar y esperar continuamente la colaboración de instituciones extranjeras.

Los españoles han asistido estupefactos a un desfile interminable de delincuentes, de mafias organizadas por todo el país. Cada vez con más frecuencia, los telediarios anunciaban nuevas tramas, imputados y procesados. En el Congreso, populares y socialistas se dedican a jugar al patético “y tú más”.

Al final, las consecuencias sociales para la clase política han llegado. El bipartidismo se desmorona ante el auge de Podemos; y la corrupción ya es el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo superado por el paro. La nueva ley de transparencia anunciada por el gobierno no convence a casi nadie, y el castigo a los dos grandes partidos en las municipales y generales del 2015 parece inevitable.

A continuación, algunos de los casos de mayor relevancia:

Caso de los ERE de Andalucía

Durante la primera década del nuevo siglo, el gobierno andaluz instauró un plan de ayudas económicas a empresas y trabajadores afectados por las crisis industriales de los años noventa en la comunidad. El sistema era opaco, lo que favoreció el fraude de unos 130 millones de euros.

El funcionamiento de la trama permitía que personas totalmente ajenas a una empresa en la que había habido un ERE cobraran las ayudas destinadas a los trabajadores despedidos. Otra parte del dinero defraudado era destinado directamente y de forma injustificada a empresas, algunas de ellas propiedad de cargos socialistas. Además, intermediarios, consultoras y abogados se beneficiaron mediante la desviación de comisiones engordadas.

La trama ha sido destapada por la jueza Mercedes Alaya, y ya ha dejado más de 170 imputados, entre los que están Magdalena Álvarez, ministra de Zapatero, y varios antiguos altos cargos del gobierno andaluz.

Este año ha llegado a su fase final conla Operación Madeja, también en Andalucía. Es un caso paralelo al de los ERE. Hay 32 detenidos acusados de delitos de cohecho, fraude, prevaricación, blanqueo de capitales y extracciones ilegales.

La macrooperación ha destapado un entramado criminal cuyos tentáculos llegaban a 7 comunidades autónomas. Los imputados son empresarios, políticos y funcionarios de alta cualificación que amañaban procesos de adjudicación de obras y servicios públicos a cambio de comisiones.

Entrada en prisión de Jaume Matas

Es el que ha provocado la entrada en prisión de Jaume Matas, ex presidente autonómico de las Islas Baleares y ministro con Aznar. En 2007, con motivo del Mundial de Ciclismo, se inauguró el Palma Arena, un pabellón deportivo. Un año después se descubrió que el coste presupuestado, 48 millones de euros, había ascendido hasta los 100 millones. Durante esos meses, el patrimonio de Matas aumentó de manera exponencial.

En octubre de 2009 Jaume Matas es citado por primera vez a declarar en calidad de imputado por su implicación en el caso, acusado de enriquecimiento ilícito.

El año siguiente se descubren, en una investigación paralela, los contratos ilegales con periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, columnista de El Mundo. Por ello, se le acusa de tráfico de influencias, delito por el que actualmente cumple 9 meses de cárcel.

El resto de los delitos de los que se acusa a Jaume Matas por su implicación en el caso Palma Arena siguen sin resolverse.

El ex presidente balear también está a la espera de resolución del Caso Nóos, en el que también están imputados la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

Caso Pujol

En medio del proceso soberanista catalán, el 25 de julio, Jordi Pujol admitía en un comunicado haber tenido una cantidad de dinero escondida en paraísos fiscales. Según él, ese dinero era heredado de su padre, agente de bolsa y cofundador de Banca Catalana. En el comunicado Jordi Pujol se hacía único responsable, excluyendo a sus hijos.

Pese a ese intento por protegerles, el 15 de septiembre el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, era citado a declarar en la Audiencia Nacional como imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales. Según la policía, las empresas propiedad del Jordi Pujol hijo y de su esposa habrían facturado más de ocho millones de euros a empresas contratistas de la Generalitat por servicios de intermediación. Otro de los hijos del ex President, Oleguer Pujol, también está imputado por delito fiscal y blanqueo de dinero.

Operación Púnica

A finales de octubre, la UCO destapaba una trama de corrupción política en la Comunidad de Madrid diseñada por Francisco Granados, antiguo número dos de Esperanza Aguirre, y el empresario David Marjaliza. El presidente de la diputación de León, Marcos Martínez y el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, también fueron imputados.

La trama funcionaba de la siguiente forma: los políticos adjudicaban contratos de obras y servicios públicos a los empresarios, que les devolvían el favor mediante sobornos y comisiones ilegales. Al menos 250 millones de euros de la Administración fueron pagados ilegalmente.

La operación se saldó con 51 detenidos, entre políticos y empresarios, que están acusados de delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, negociación prohibida a funcionarios, fraude contra la Administración y organización criminal.

En Parla y Collado Villalba las mordidas eran facturadas al ayuntamiento: la empresa, Cofely, ni tan siquiera se dignó a pagar los sobornos de su bolsillo.

Caso de las Tarjetas Black y Caso Bankia

El mayor escándalo descubierto este año. 86 consejeros de Caja Madrid y Bankia disponían de una tarjeta opaca para su uso y disfrute. Un dinero que no estaba reflejado ni en sus contratos, ni en los estatutos de la caja. Por supuesto, tampoco eran declarados a Hacienda.

Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de la caja, era el encargado de repartirlas y de decidir el tope de cada una, siempre bajo la supervisión de Miguel Blesa. Barcoj, que ha devuelto medio millón de euros a la Fundación Caja Madrid, fue el dirigente más beneficiado por las tarjetas black.

El dinero que podían gastar llegaba hasta los 50.000 euros al año, y fue utilizado para todo tipo de compras: joyas, alimentación, ropa, viajes, hoteles… Los consejeros beneficiados habían sido propuestos por los principales partidos, sindicatos y patronal. Las tarjetas servían para comprar el voto de los beneficiados en las asambleas, y también se investiga que pudieran servir para financiar a partidos o sindicatos.

Según Pablo Abejas, uno de los privilegiados de Caja Madrid, ese sistema arrancó en 1988, cuando el presidente era Jaime Terceiro.

Además, también se han producido avances en el Caso Bankia. Los técnicos del Banco de España han determinado que Bankia salió a Bolsa falseando las cuentas. Es decir, todos los inversores que compraron acciones de la caja lo hicieron a un precio más alto del real. Los peritos acusan al auditor por no detectar los fallos en el informe.

En el momento de la salida a Bolsa, el presidente de Bankia era Rodrigo Rato.

Ana Mato, Fabra, Sonia Castedo…

Durante este año han estado de actualidad muchos otros casos además de los mencionados. Ana Mato, ex Ministra de Sanidad, tuvo que dimitir por haberse lucrado de la trama Gürtel, a pesar de que el juez no se ha podido probar que tuviera constancia de las actividades ilegales de su ex marido, Jesús Sepúlveda.

Carlos Fabra, ex presidente del Partido Popular de Castellón y de la Diputación de Castellón, ha ingresado en la cárcel de Aranjuez por haber defraudado a Hacienda unos 700.000 euros entre 1999 y 2003. En 2008, Rajoy decía de Fabra, condenado a cuatro años de prisión, que era “un ciudadano y un político ejemplar”.

También en la Comunidad Valenciana, Sonia Castedo ha dimitido como alcaldesa de Alicante. Castedo está imputada en el Caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Se le acusa de amañar el Plan General de Ordenación Urbana para favorecer los intereses del constructor Enrique Ortiz. Además, Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas, dimitió poco antes de ser imputado en el Caso Gürtel por los contratos durante la visita del Papa a Valencia.

En Galicia, la Operación Pokémon sigue cobrándose víctimas. La última ha sido Ángel Currás, quién ha tenido que dimitir como alcalde de Santiago de Compostela, imputado desde 2012. Su predecesor, Gerardo Roa, también había dimitido tras acusársele de fraude fiscal. Además de Currás, los otros siete concejales del Partido Popular en Santiago han sido condenados por prevaricación. La trama de sobornos de empresarios a políticos ya ha afectado al ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), al ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), y al ex alcalde de Lugo (José Clemente López (PSOE).

Fuentede la imagen: www.vozpopuli.com 

 




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