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El Congreso aprueba la “ley mordaza”


Jaime Llinares Taboada – Madrid 26/3/2015

El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para instaurar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ante la oposición de todos los demás grupos parlamentarios y una gran parte de la sociedad.

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con 134 votos a favor, 84 en contra y ninguna abstención, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. La mayoría absoluta del Partido Popular ha bastado para imponerse a la oposición de todos los demás grupos parlamentarios. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio.

Tras tres años de legislatura, el PP saca adelante la denominada “ley mordaza”, que para numerosos partidos políticos y sectores sociales constituye un atentado a la libertad de expresión y de manifestación. Los calificativos usados por la oposición van desde “innecesaria” hasta “locura política”.

Oposición política y social

Los partidos de la oposición se han mostrado en contra de su aprobación, indicando incluso que ésta será la primera ley a derogar cuando el PP pierda su mayoría absoluta en las urnas. Antonio Trevín, del Partido Socialista, ha dicho que “la ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria”, “con la coartada de la seguridad quieren cercenar los derechos de los ciudadanos”.

También han sido críticos desde UPyD. Toni Cantó, diputado de la formación magenta, cree que “Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos, y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión.

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, ha realizado un paralelismo con la época franquista, porque se incluyen sanciones administrativas por conductas que no son delito, y ha hablado de “jornada infausta para la democracia”. Sus colegas de partido han comparecido con pañuelos blancos a modo de mordaza.

Rosana Pérez (BNG) cree que con la Ley de Seguridad Ciudadana “se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado Policial”. Joan Tardá (ERC) la ha calificado de “locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía”. Xabier Errekondo (Amaiur), opina que “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”.

Según una encuesta de Metroscopia, el 82% de los ciudadanos piensa que esta ley debería ser modificada o retirada. Además, organizaciones como Greenpeace – una de las más beligerantes en este asunto – han protestado frente al Congreso con pañuelos atados en la boca, símbolo acogido en todas las manifestaciones que se han ido produciendo en contra de la citada ley.

Duros castigos centrados en las manifestaciones

La Ley de Seguridad Ciudadana convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal. Por lo tanto, el ciudadano pierde la garantía de la tutela judicial efectiva, y su único recurso, tras agotar las vías administrativas, es la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que está sujeto a tasas.

Algunas de las acciones susceptibles de ser sancionadas son las siguientes:

  • Manifestaciones con intrusión en recintos: casos como los de los encierros de los enfermos de hepatitis C o la entrada de los activistas de Greenpeace en la central nuclear de Cofrentes, podrían llegar a ser multados con hasta 600.000 euros.
  • Tomar imágenes de policías y difundirlas: el que grabe a un agente de la ley golpeando a un manifestante y cuelgue esa imagen en Internet, podría sufrir multas de hasta 30.000 euros.
  • Manifestarse ante el Congreso: o ante otras sedes como el Senado o los parlamentos autonómicos podría conllevar multas de hasta 30.000 euros.
  • Obstaculizar a la autoridad: por ejemplo, impedir un desahucio, conlleva multas de hasta 30.000 euros.
  • Ocupar viviendas o escalar edificios: las multas podrían llegar a los 600 euros.

Fuente de la imagen: www.huffingtonpost.es




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