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España vulnera todas las obligaciones del derecho a la vivienda


Vivienda Social España

Luis Alejandro Pérez – 26/06/2015 Las Palmas

Amnistía Internacional (AI) acusa a España de incumplir las obligaciones sobre vivienda. Desde el año 2008 se han producido más de 600.000 desalojos hipotecarios. No existe una garantía de protección humanitaria: los índices nacionales de vivienda social muestran unas cifras vergonzosas frente a las de otros países europeos.

La reciente denuncia de AI ha puesto de manifiesto en uno de sus informes algo que lleva produciéndose desde el inicio de la crisis bursátil de 2008: la vulneración del derecho a la vivienda. La actitud de las autoridades españolas de cara a esta norma es nefasta. El director de la susodicha ONG, Esteban Beltrán, ha manifestado su descontento: “han incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda”. El principal de los problemas, según la visión de Beltrán, es que las autoridades no conciben la vivienda como un verdadero derecho humano, sino como un bien de consumo. El gasto en vivienda social es del 1’1 % frente al 32% o el 23% de Holanda y Austria, respectivamente Así pues, este gasto se ha reducido en más del 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre los últimos seis años.

Para más inri, por si no fuera suficiente con estos desgarradores datos, debemos sumar otra puntualización: España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Al parecer, las palabras de recomendación provenientes de las premisas internacionales han sido obviadas por las autoridades de la nación. AI (Amnistía Internacional) denuncia en su informe el desdén con el que España ha afrontado el problema. No se han creado organismos de mediación y remarcan que el derecho a la vivienda, fundamental en su esencia, no existe en el pueblo español.

Como solución a todo esto, Amnistía Internacional pide que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, se ha manifestado una petición para que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitiría a los jueces analizar, caso por caso, todos aquellos factores relativos a un desalojo, incluyendo la presión de las autoridades a las entidades financieras para que estas últimas se decanten por el desahucio como última opción.

El negocio de los fondos atrae más que el bienestar ciudadano

El 60% de desahucios en Madrid es en viviendas públicas vendidas a fondos. Este dato ha quedado recogido en un informe del Ministerio de Hacienda. De este análisis se derivan los efectos de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular estos últimos años.

Un aval fantasma: la historia de Ainhoa

En el informe de AI se describen algunos casos reales de afectados por los desalojos en España. En especial, hay uno que genera asombro y excesiva divergencia en las negociaciones. Se trata de la historia de Ainhoa Lafuente. Cuando ella firmó su contrato hipotecario no fue informada de que sus padres estaban corriendo el riesgo de perder su casa al participar en la operación como avalistas. Cuando Ainhoa dejó de pagar la hipoteca debido a su situación de paro, decidió volver a casa de sus padres con una hija de 3 años y un precario sueldo de desempleo. Después de eso las cosas fueron de mal en peor. El banco trató de hacerse con las dos casas de la familia y sus padres pasaron por una etapa fatídica por la presión generada, que desencadenó en ellos enfermedades perniciosas. A día de hoy, las negociaciones con el banco siguen en pie. “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”, afirmó la protagonista.

Como la historia de Ainhoa existen en nuestro país miles de ellas más. En estas últimas semanas, con las nuevas investiduras en las alcaldías, algunos concejales y alcaldes han empezado a poner manos en el asunto. Uno de los casos más sonados es el de Manuela Carmena. La alcaldesa de la capital española, junto a su partido político, Ahora Madrid, se ha comprometido a frenar los desahucios y a ofrecer viviendas públicas a los afectados. Las propuestas de intervención y solución del problema no son pocas, entre las que destaca una oficina de intermediación hipotecaria de enlace con los juzgados. Sin embargo, Hacienda recuerda que el Ayuntamiento solo podrá frenar aquellos desalojos que se produzcan en viviendas públicas bajo propiedad del Estado. Por lo tanto, cuando los inmuebles estén hipotecados por bancos o alquilados a particulares, la misión se hará más compleja. Ahora Madrid promete imponer penalizaciones a las entidades que acumulen viviendas con fines especulativos. Mientras, los presidentes de los bancos intentan adaptarse a las nuevas políticas. Es el caso del presidente del BBVA, Francisco González, que ha ofrecido su ayuda a Manuela con el fin de evitar desahucios en “familias vulnerables”. Los líderes de las entidades intentarán participar mientras se les pida algo razonable. Aún así, es difícil adivinar cual será ese grado de racionalidad. De momento, sólo existe la esperanza y la voluntad, ya veremos si ambas se materializan.

Fuente de la imagen: www.elpatagonico.net




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