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Lucha por una muerte digna


La voz de galicia

Andrea Valladolid Ruipérez – Madrid 09/10/2015

Andrea Lago Ordóñez, de 12 años, padece una enfermedad neurodegenerativa irreversible desde los ocho meses. Desde el pasado julio, cuando sufrió una hemorragia gastrointestinal, se encuentra ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Sus padres reclamaron hace tres meses al Juzgado de Instrucción número 6 de Santiago la retirada del soporte vital de líquidos y nutrientes, en defensa de una muerte digna para la pequeña.

El 2 de octubre, el juez dictó una providencia en la que reclamaba 4 informes. Uno de ellos, destinado al médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, tenía como objetivo aclarar si la enfermedad sufrida por la niña era “irreversible” y si el tratamiento le provocaba dolor. El juez también exigió una justificación de la negación del jefe de servicio de pediatría a cumplir el deseo de los padres, así como el historial clínico completo de la pequeña y el informe del comité de ética asistencial, que fijó como opción más ventajosa la de “retirar a Andrea la medida del soporte vital cuestionada que prolonga artificialmente su vida”.

En principio, los pediatras del Hospital Universitario de Santiago de Compostela rechazaron la idea de desconectar la sonda que nutría y alimentaba a la menor. Sin embargo, el servicio de pediatría aceptó el pasado lunes la modificación del tratamiento de la menor. Fuentes de El País sostienen que el cese de la consejera de la Xunta de Galicia, que había rechazado la petición de los padres, y el deseo del hospital de “evitar una sentencia en contra” fueron las causas que provocaron el cambio de opinión de los facultativos. No obstante, en el comunicado del lunes 5 de octubre, la gerencia del hospital justifica su aceptación de la modificación del tratamiento en el agravamiento del estado de salud de la pequeña.

Esa misma mañana, Estela Ordoñez y Antonio Lago, padres de la niña, acudieron al hospital compostelano para reunirse con el equipo médico y escuchar su propuesta. El abogado de la familia, Sergio Campos, declaró recibir “de buen grado” la flexibilización de la postura inicial de los pediatras. Finalmente, con el consentimiento oficial firmado por los padres, los médicos han retirado la sonda que alimentaba a Andrea. A nivel judicial, el proceso sigue abierto para vigilar “que las pautas sean las correctas”, según ha declarado el abogado de la familia.

Los padres de la niña aseguran haber cumplido así la voluntad de Andrea de “no seguir sufriendo”. El letrado Sergio Campos aseguró a El Mundo que la familia está pasando por “momentos muy difíciles” ya que su final puede estar cerca. Los forenses aclaran que puede llegar a prolongarse “incluso  hasta cuarenta días”.

¿Cómo está regulada la muerte digna en España?

En países como Holanda y Béliga, o Estados como Vermont y Washington, la eutanasia y el suicidio asistido son dos prácticas legales. Sin embargo, en España, el Código Penal las castiga en su artículo 143.4.

En declaraciones a Nuevatribuna, Luis Montes, director de La Asociación del Derecho a Morir Dignamente (DMD), defiende que “el Código Penal, que castiga la cooperación al suicidio y la eutanasia, ejerce una presión social que distorsiona la toma de decisiones al final de la vida. Es un claro atropello a los derechos de los ciudadanos”. Por otra parte, explica que los padres de Andrea no reclaman la eutanasia, sino cesar el tratamiento suministrado a la menor, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002.

Esta ley establece en su artículo 2 que “el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento“. Además, en el caso de tratarse de una persona menor de edad, el art. 9.3. recoge que “el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos”. En Galicia, la ley autonómica de Muerte Digna (art. 3), protege estos derechos.

También Canarias, Aragón, Navarra, Baleares y próximamente Euskadi cuentan con una ley autonómica de muerte digna. Sin embargo, estas normas autonómicas no pueden modificar el Código Penal. Por ello, la DMD considera que esta legislación es insuficiente para asegurar la calidad de muerte de los ciudadanos.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia el incumplimiento, no solo de la ley española, sino también del Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la biomedicina.

Nuevo debate político sobre la eutanasia

El caso Andrea no solo ha levantado las protestas de diversos sectores  sociales, sino que ha reabierto el debate político sobre la posible legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Miembros de La Asociación del Derecho a Morir Dignamente creen que el problema principal es la ausencia de voluntad política a la hora de tratar el asunto. Por ello, su director, Luis Montes, organizó un debate el pasado 22 de septiembre e invitó a representantes de los principales partidos políticos. PP, PNV y CiU no asistieron. Podemos, IU y Equo – Compromís defienden la necesidad de regular estas prácticas. Ciudadanos y PSOE, por su parte, no han mostrado una postura unánime y clara al respecto.

El pasado 1 de octubre, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una entrevista a la Cadena Sermostró su intención de regular a nivel estatal la eutanasia en el caso de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Sin embargo, no sólo necesitaría obtener la victoria en las próximas elecciones generales, sino también la aprobación de otros partidos en forma de mayoría parlamentaria. Un consentimiento improbable dadas las declaraciones de otros políticos al respecto.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el pasado 29 de septiembre en su intervención en la sesión de control al Gobierno, argumentó que iniciar un debate sobre la posible implantación de una ley estatal de muerte digna pondría “en posición incómoda a todo el mundo”. Por su parte, el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado crítico con la intervención de Pedro Sánchez: “Permítanme que yo no forme parte de un debate político a partir de una situación dramática (…) No cuenten conmigo para discutir con una persona que me da la sensación de que se acaba de enterar de que Andrea existe unos minutos antes de entrar en la radio“.

Ante tal diversidad de criterios, llegar a un acuerdo político sobre una posible regulación de la muerte digna parece algo improbable. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que reclaman la despenalización de estas prácticas, concretamente un 60% según la encuesta realizada por el CIS; y muchos los médicos, un 65% según el mismo sondeo, que afirman haber recibido alguna petición para llevar a cabo estas prácticas. Por otro lado, un informe internacional de The Economist Intelligence Unit califica la atención médica española al final de la vida con un 4,2 sobre 10.

Estos datos avalan la necesidad de una mayor implicación política en la causa. La eutanasia es para muchos un pasaporte a lo que Hans Küng, director de la Fundación Ética Mundial, calificó como “muerte bella”, que es aquella “buena, rápida, leve, sin sufrimientos”. Evitar el sufrimiento humano debería ser una prioridad ineludible.

Fuente de la imagen: La Voz de Galicia




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