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El Gobierno aprueba la ley del “impuesto al sol”


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Jaime Llinares Taboada – Cracovia 16/10/2015

El real decreto impulsado por el Ministerio de Energía y Turismo provoca que los que se quieran autoabastecer de energía permaneciendo conectados a la red tengan que pagar cuantiosas tasas. El resto de los partidos se comprometen a abolirlo si llegan al gobierno, alentados por asociaciones y grupos ecologistas.

El Gobierno ya ha soltado la última bomba de la legislatura, el “impuesto al sol”, en una ley que lleva por título “Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo”.

La normativa ha sido creada para regular las nuevas modalidades de autoconsumo eléctrico a través de, sobre todo, paneles fotovoltaicos. Según el ministro de Energía y Turismo, José Manuel Soria, el decreto “busca impulsar la generación distribuida de la energía” para no tener que transportarla, además de intentar dar un impulso a las energías renovables.

Las claves de la ley

Para ello, el Gobierno ha elaborado una ley en la que los principales perjudicados son todos aquellos autoconsumidores que necesiten, además de su propia energía, estar conectados a la red eléctrica general para llegar a cubrir las necesidades energéticas durante las 24 horas del día. La mayoría de los autoconsumidores se encontrarían en esta situación.

Estas personas, particulares o empresas, deberán pagar el denominado “impuesto al sol”. Es decir, deberán pagar un peaje, una cuota fija, que va en función de la potencia contratada. La parte variable de la cuota tan solo se aplica a los que superen los 10 kw/h de potencia contratada. De esta forma, los autoconsumidores estarían pagando por una energía que a lo mejor no van a necesitar utilizar. Es más, la energía sobrante del autoconsumo, que va a parar a la red eléctrica, no será reembolsada a menos que el usuario se registre como productor de energía, para lo que es necesario tener una instalación con una potencia de, al menos, 100kW. El autoconsumidor estaría regalando la energía al sistema. Además de lo anterior, tampoco estarán libres de los impuestos para el mantenimiento de la red eléctrica.

Todo ello deja un escenario en el que hogares y Pymes tendrán que pensárselo muchas veces antes de lanzarse a la aventura del autoabastecimiento, ya que en la mayoría de los casos les sería imposible desconectarse totalmente de la red eléctrica porque la energía propia no les alcanzaría, o no rentable empezar a autoabastecerse sin desconectarse debido a todas las tasas impuestas por el último real decreto del gobierno. Y es que además de los impuestos, los autoconsumidores también tendrían que hacer frente a la inversión que supone la instalación de los paneles eléctricos o aereogeneradores.

Desde muchas asociaciones y organizaciones ecologistas se le había demandado al gobierno que pusiera en marcha el modelo del balance neto. Es decir, el autoconsumidor paga en función de la diferencia entre la energía que aprovecha del sistema y la que suministra. Este sistema ha sido implantado en varios países.

Reacciones

Las críticas al real decreto que ha aprobado el gobierno no han dejado de cesar. Ángel Juárez Almendros, presidente de Mare Terra Fundación Mediterrània, lo ha definido así: “Se trata de una tasa única en el mundo que grava el autoconsumo de la energía producida a través de paneles fotovoltaicos. Esta reforma de la regulación eléctrica impulsada por el ministro Soria supone un duro golpe para el autoconsumo energético y aquellos que apuestan por las energías renovables y, de propina, es una palmadita en la espalda para las grandes empresas eléctricas, aquellas que (¡qué casualidad!) tienen por costumbre acoger a políticos en sus consejos de administración con sueldos indecentes. Lo más grave de todo es que ni se molestan en disimularlo”.

Además, toda la oposición en masa, incluidos PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de otros 14 partidos, se han comprometido a derogar la ley si acceden al gobierno. Para Pilar Lucio, del Partido Socialista, “es una norma disuasoria que durará lo que dure este Gobierno”.




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