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Más de un millón y medio de emigrantes españoles no podrán votar el 20D


Voto Rogado

Andrea Valladolid Ruipérez – Madrid 18/12/2015

Marea Granate, colectivo transnacional y apartidista integrado por emigrantes españoles, inició en las últimas elecciones autonómicas y municipales la campaña #RescataMiVoto, con el fin último de que aquellos españoles que no pensaran ir a votar cedieran su papeleta a los residentes en el extranjero que no pueden debido al voto rogado. De cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, ya son 400 las parejas de abstencionistas y emigrantes que se han unido para participar en el proyecto; y más de 10.000 emigrados se encuentran inscritos en la plataforma habilitada por el colectivo, a la espera de que un abstencionista les ceda su voto.

La portavoz del colectivo, María Almena, señala en una entrevista a Verne que, probablemente, las solicitudes “van a aumentar en las últimas horas, cuando se agote el plazo para depositar el voto en los consulados (el próximo 18 de diciembre) y mucha gente se encuentre con que no ha podido votar.” Por ello, la plataforma permanecerá abierta hasta el último momento. La campaña está teniendo un gran éxito en Twitter y Facebook, donde muchos emigrantes que no podrán ejercer su derecho al voto, reconocido en el artículo 68 de la Constitución, explican su situación y piden ayuda a los abstencionistas mediante el hashtag #RescataMiVoto.

Para complementar este proyecto, Marea Granate ha encabezado diversas manifestaciones “contra el #votorogadovotorobado”, como la del pasado domingo 13 de diciembre en distintas ciudades del mundo como París, Dusseldorf, Nueva York, Madrid, Stuttgart, Estrasburgo, Frankfurt o Montevideo. Olalla Pastor del Valle, joven de 26 años residente en Estrasburgo, participó en estas manifestaciones ya que hace 4 años no pudo votar y, a pesar de que en estas elecciones sí, aseguró a Cuarto Poder que encontró numerosas dificultades: “Puedo votar en el consulado pero sólo abre de 9 a 18:00 horas, por lo que seguramente tenga que pedir una tarde en el trabajo, algo que no me hace mucha gracia porque significa quitarlo de mis vacaciones.” Por su parte, David Villena Martínez, de 28 años y residente en Dusseldorf, explica que “el sistema es un desastre, un cachondeo.” Según comenta, no pudo mandar la solicitud de voto por Internet y tuvo que hacerlo obligatoriamente por correo, gastándose dinero. Además, las papeletas le llegaron en un plazo muy justo por lo que se tuvo que desplazar al consulado.

¿Qué les impide votar?

Olalla y David son sólo dos de los millones de españoles que marcharon a otros países en busca de mejores condiciones de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde el comienzo de la crisis económica en 2008, el número de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en un 48% y ya supera los 2 millones. Uno de los objetivos del proyecto #RescataMiVoto es visibilizar los obstáculos que estos ciudadanos tienen que sortear para poder ejercer su derecho al voto. Estos impedimentos aparecieron tras la reforma de la Ley Órganica del Régimen Electoral General en 2011, pactada por el PP, el PSOE, CiU y PNV, que estableció el voto rogado. Esta medida establece que todos aquellos que quieran votar desde el extranjero deben solicitarlo expresamente, lo que conlleva numerosas trabas administrativas. Algunas de ellas son la desinformación por parte de los consulados y del Ministerio de Exteriores para solicitar el voto, la estrechez de horarios y plazos o la no llegada de papeletas.

Marea Granate señala que, mientras en las elecciones generales de 2008 la participación de los emigrados españoles alcanzó el 32%, en los comicios celebrados en 2011, tras la reforma de la Ley Electoral que estableció el voto rogado, el porcentaje de participación descendió por debajo del 5%. Un estudio publicado por este colectivo en octubre aclara que, como consecuencia de esta medida, un 95% de los emigrados no pudieron ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones autonómicas y municipales; mientras que únicamente el 6,11% de los inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) han podido concluir los trámites burocráticos para votar en las generales del 20 de diciembre.

Marea Granate denuncia que los obstáculos para votar no sólo están relacionados con el establecimiento del voto rogado, sino que el Gobierno ha impulsado intencionalmente ciertas medidas que tienen como fin último desincentivar la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Una de ellas es la “interpretación restrictiva” del derecho a inscribirse como residente temporal en un consulado y el deber de hacerlo como residente permanente, que implica la pérdida del derecho a votar en las elecciones municipales y la cobertura sanitaria en España.

Las medidas que Marea Granate exige a los partidos políticos son muy concretas: la garantía del derecho al voto desde el exterior, la cobertura sanitaria universal y acuerdos con los sistemas de seguridad social de otros países, inversión social para evitar la emigración y políticas de retorno, cumplimiento de los DDHH en las fronteras y justicia fiscal para personas retornadas y emigrantes.

¿Cuál es la respuesta de los partidos políticos?

Son muchos los sectores que han criticado el voto rogado, desde la sociedad civil hasta expertos e instituciones competentes, como el Consejo de Estado y la Junta Electoral Central. Además, todos los partidos políticos han admitido el fracaso de la reforma electoral de 2011. Sin embargo, en las elecciones del 20 de diciembre se mantendrá este sistema. El PP ha aplazado hasta 60 veces en esta legislatura encarar una reforma de la ley electoral que mejore la situación, a pesar de existir en el Congreso una proposición de ley que permite el cambio.

El PSOE asegura que los populares no han iniciado la reforma ya que la caída de la participación en el exterior les beneficia de cara a los próximos comicios. Su justificación es que gran parte de los perjudicados por el actual sistema electoral son precisamente los que han tenido que abandonar España en los años de legislatura del PP, dadas las escasas oportunidades de trabajo existentes. Por su parte, el PP se defiende de las acusaciones aduciendo que el PSOE también ha firmado las 60 ampliaciones de los plazos de enmienda de la ley electoral. No obstante, asegura que esta reforma llegará si ganan las próximas elecciones generales ya que la medida se incluye en su programa.

Por otro lado, el programa internacional de Ciudadanos recoge una serie de medidas destinadas a los españoles/as residentes en el extranjero, como el derecho a una cobertura sanitaria, al menos, durante sus estancias temporales en España, o la eliminación del voto rogado y el establecimiento del voto electrónico para el sufragio exterior, con el objetivo de “asegurar una mayor participación.” En la actualidad, tan solo Bélgica y Estonia han implantado este sistema ya que supone un alto coste.

El PSOE también propone la supresión del voto rogado y el impulso de medios de voto electrónico. Pedro Sánchez afirmó al respecto: “Es un error la imposición, a los votantes fuera de España, de un voto rogado, diferente y más complicado que el voto de los españoles residentes en el territorio español.” La formación liderada por Pablo Iglesias, Podemos, aboga por crear una nueva ley electoral que, además de suprimir el voto rogado y proteger el derecho fundamental reconocido en el art. 68 de la Constitución, establece garantías, plazos y métodos suficientes y adecuados para su ejercicio. También propone la creación de una circunscripción exterior en el Congreso que represente a los emigrantes y les permita solucionar sus demandas.

El próximo domingo 20 de diciembre hablarán las urnas para elegir al nuevo Presidente del Gobierno. El último sondeo preelectoral de Metroscopia pronostica unos resultados muy ajustados: El PP obtendría el 25,3% de los votos, seguido de cerca por el PSOE (21%), Podemos (19,1%) y Ciudadanos (18,2%). Dado el estrecho margen que separa a estas cuatro formaciones, cualquier voto es decisivo para otorgar la victoria a uno o a otro candidato. Sin embargo, más de 1 millón y medio de españoles no podrán decidir el futuro de su país. Estos son aquellos ciudadanos censados en el extranjero que, privados de su soberanía nacional, no podrán ejercer su derecho al voto. Con todo ello surge una pregunta: ¿Podría su participación haber cambiado el porvenir de todos los españoles? La respuesta queda en el aire.

Fuente de la imagen: www.mareagranate.org




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